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Los pueblos indígenas enfrentan una creciente violencia y persecución por defender sus territorios y el medio ambiente. A pesar de la impunidad que rodea estos crímenes, continúan resistiendo con fuerza, organizándose para proteger sus derechos y preservar sus ecosistemas. En este panorama de injusticia, su resistencia se convierte en un símbolo de esperanza y lucha por un futuro más sostenible.

El costo de defender la tierra, resistencia indígena y justicia

Ser indígena, defender el territorio y la naturaleza se ha convertido en una sentencia de muerte en muchas regiones de América Latina

En América Latina, el año 2024 se caracterizó por la persistencia de amenazas y agresiones contra los pueblos indígenas y sus liderazgos. Se extendió con fuerza en países como México, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Este panorama crítico profundizó la marginación estructural, la pobreza y el acceso desigual a derechos fundamentales que históricamente enfrentan estas comunidades. En este contexto hostil, las personas defensoras indígenas enfrentaron una doble amenaza: defender sus derechos y ser indígenas.

América Latina se consolidó como una de las regiones más peligrosas para quienes protegen el medio ambiente, con tres de cada cuatro asesinatos de defensores medioambientales registrados a nivel mundial ocurriendo en la región.

El asedio contra sus territorios adoptó múltiples formas: operaciones petroleras, minería ilegal, tala indiscriminada, ganadería extensiva, monocultivos y cultivos ilícitos relacionados con actividades criminales, la minería ilegal y los cultivos vinculados al narcotráfico continuaron destruyendo ecosistemas esenciales. Además, derrames de petróleo y la contaminación de fuentes hídricas afectaron la salud de comunidades enteras, mientras que incendios forestales y fenómenos derivados del cambio climático forzaron desplazamientos.

Asimismo, aunque las investigaciones por asesinatos de defensores avanzaron lentamente en la justicia de distintos países, la lucha por la defensa de los territorios indígenas sigue firme. La determinación de estas comunidades, enfrentando no solo la violencia directa sino también el impacto de fenómenos globales como el cambio climático, es un testimonio de resistencia y esperanza para la protección de la naturaleza y la vida misma.

Activismo y logros de las comunidades organizadas

Las estrategias indígenas de conservación han salvado especies en peligro, restaurado ecosistemas degradados para la vida de los bosques

Primero queremos mostrarte los logros de las comunidades indígenas, queremos que conozcas los resultados de sus esfuerzos, que te enteres que hubo caos en los cuales sus reclamos no fueron acallados.

En Ecuador, el pueblo indígena Cofán ha logrado aumentar las poblaciones de tortugas de río, mediante un programa de manejo comunitario que incluye la recuperación de huevos y la construcción de playas y piscinas artificiales. En Colombia, las mujeres indígenas han creado espacios como la Escuela Yachaikury en territorio Inga, con el fin de preservar su cultura, enseñando medicina tradicional, lengua materna, arte popular y manejo del territorio a las nuevas generaciones.

También el pueblo Kichwa de Sarayaku inspiró la creación del Estándar de Justicia Climática por parte del Centro de Justicia Climática de la Universidad de California. Este estándar aboga por mecanismos que no solo contribuyan a la descarbonización, sino también a la justicia social. Sarayaku implementa el proyecto Kawsay Ñampi, buscando el reconocimiento de sus prácticas ancestrales para proteger la biodiversidad.

En México, la Escuelita Autónoma Maya, ubicada en Quintana Roo, busca defender las raíces del pueblo indígena maya frente a amenazas como el turismo masivo y megaproyectos como el «Tren Maya». El proyecto fomenta el crecimiento de estas tradiciones a través de las nuevas generaciones. Su objetivo es proteger tanto el territorio como las formas de vida del pueblo maya.

Así mismo en la comunidad indígena Rarámuri de Bosques de San Elías Repechique, en Chihuahua, logró anular los permisos de aprovechamiento forestales otorgados a particulares sobre su territorio ancestral. Esta resolución judicial favoreció a la comunidad que, desde hace más de 40 años, lucha por el reconocimiento de su territorio, enfrentándose a agresiones y al saqueo de recursos naturales.

El pueblo Wixárika ha luchado durante trece años para detener la minería en su territorio sagrado, Wirikuta, en México, después de que en 2010 se enteraron de que empresas canadienses buscaban abrir minas en la zona. En 2011, el Consejo Regional Wixárika para la Defensa de Wirikuta (CRW) emprendió una batalla legal contra 78 concesiones mineras en este territorio, que representa el 70 % de las 140,212 hectáreas reconocidas como Área Natural Protegida. Gracias a un amparo y un peritaje tradicional, lograron la suspensión temporal de las actividades mineras, y en 2024 esperan una sentencia judicial definitiva que cancele las concesiones. Wirikuta es un sitio sagrado reconocido por la UNESCO y vital para el pueblo Wixárika.

En Colombia, el pueblo Eperaara Siapidaara ha restaurado ecosistemas de manglares deforestados en su territorio, mientras que en Perú, más de 90 comunidades indígenas han sido documentadas por sus esfuerzos de conservación a lo largo de dos décadas.

También es el caso de Awá de Nariño presentaron una acción de tutela contra Ecopetrol por los constantes derrames de crudo en su territorio. Desde 2014 hasta 2023, se reportaron 447 derrames, aunque las cifras oficiales del Estado hablan de más de 1,100 eventos. En Perú, las mujeres guardianas Kukama lograron una victoria legal al obtener una sentencia que reconoce al río Marañón como un ecosistema protegido, nombrando a las comunidades indígenas como guardianas del río, especialmente frente a la contaminación por derrames de petróleo.

El Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) de Chile, presentó una denuncia por daño ambiental ante la Superintendencia del Medio Ambiente de Chile, debido al hundimiento en la zona de extracción de litio por las empresas SQM y Albemarle. Se ha detectado que el terreno donde operan estas empresas, en el salar de Atacama, se hunde a un ritmo de hasta dos centímetros por año debido a la extracción masiva de agua subterránea, principalmente de aguas fósiles. Esta actividad ha superado un umbral ecológico crítico, ya que las empresas extraen más de 63 mil millones de litros de agua salada al año, además de grandes cantidades de agua dulce, lo que pone en riesgo la estabilidad del ecosistema de la región.

A continuación queremos que conozcas una realidad alarmante, muchos líderes indígenas y lideresas indígenas ya no están con nosotros. Sus vidas fueron cortadas por los intereses de explotación de recursos naturales, ideologías y muchas otras injusticias que detallamos más arriba.

Las cifras de la lucha y el riesgo de los pueblos indígenas por defender sus territorios

40 % de las personas defensoras del medio ambiente asesinadas en todo el mundo eran indígenas

Años atrás, en el 2021, aproximadamente el 40 % de las personas defensoras del medio ambiente asesinadas en todo el mundo eran indígenas, considerando que los pueblos indígenas representan alrededor del 6 % de la población mundial.

Global Witness, es una organización que desde el año 2012 documenta crímenes contra defensores ambientales. En 2022, 177 personas fueron asesinadas por defender el medioambiente. La misma organización informa que en el año 2023 reporta 166 asesinatos cometidos en América Latina, el 49 % fueron personas pertenecientes a poblaciones indígenas y afrodescendientes. Colombia y México destacan como los países más peligrosos con cifras alarmantes de violencia y muerte.

En Colombia, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) reportó que al menos 37 líderes indígenas fueron asesinados en 2023. De todos estos casos, al menos el 90% permanece en la impunidad, reflejando un sistema de justicia que no ofrece protección ni reparación efectiva para las víctimas y sus comunidades.

México también se mantiene como un país especialmente hostil para quienes protegen el medio ambiente y sus territorios. Durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en diciembre de 2018, al menos 102 ambientalistas y defensores del territorio sufrieron agresiones violentas. Solo en 2023, se registraron 20 asesinatos de personas defensoras, de acuerdo con el último informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Este reporte destaca que seis de cada diez defensores agredidos pertenecen a pueblos indígenas, particularmente en áreas como la Sierra de Manantlán, uno de los sitios más asediados del país.

Mientras tanto, en Perú, la situación no es menos alarmante. En 2024, una investigación de Mongabay Latam, en colaboración con Earth Genome, reveló la existencia de 67 pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas para el transporte de drogas en las regiones de Ucayali, Huánuco y Pasco. Este triángulo geográfico, donde al menos 15 líderes indígenas fueron asesinados desde la pandemia por el Covid-19, se ha convertido en un foco de violencia y temor para las comunidades nativas y supervivencia ante el avance del narcotráfico

Los pueblos indígenas de América Latina enfrentan hoy un desafío monumental: proteger sus territorios de agresiones externas que, con frecuencia, son ignoradas o incluso facilitadas por las autoridades gubernamentales. Su lucha por la vida, la naturaleza y la justicia continúa a pesar de la violencia que los acorrala y la impunidad que reina en sus casos.

¿Impunidad por ser indígena?

El silencio judicial ante los crímenes contra indígenas es otra forma de agresión y despojo

En varios países latinoamericanos, la tasa de impunidad general es del 90% o más. Esto significa que, de cada 100 crímenes cometidos, solo 10 o menos son investigados y resueltos adecuadamente por el sistema judicial. Para los pueblos indígenas, la situación es aún peor. Las autoridades tienden a no realizar investigaciones exhaustivas en casos relacionados con defensores indígenas debido a múltiples factores:

• Los ataques suelen ocurrir en territorios alejados y de difícil acceso, lo cual dificulta la recopilación de pruebas y la presencia de organismos judiciales.
• En muchas ocasiones, autoridades locales o nacionales mantienen vínculos con actores armados ilegales o empresas multinacionales involucradas en ataques contra los defensores indígenas.
• Existe un desinterés generalizado por atender las demandas y problemas de los pueblos indígenas, reflejo de una discriminación histórica que permanece en las estructuras estatales.

La persistencia de estos factores ha contribuido a un círculo vicioso de violencia, impunidad y marginación para los pueblos indígenas de América Latina. La defensa de los derechos indígenas y del medio ambiente sigue siendo una lucha desigual. Hay una ausencia de un compromiso real de los Estados y de la comunidad internacional para garantizar justicia y protección efectiva y el despojo territorial contra las comunidades indígenas.

¿Cuántas víctimas existen en Latinoamérica? Silenciados por la violencia, recordados por su resistencia

Los nombres que el mundo no debe olvidar

Queremos que conozcas los nombre de los indígenas muertos, quiénes eran, su lucha y la razón de su ausencia. Los nombres que verás son sólo del año 2023, es alarmante. El portal web Cultura Survival nos muestra cada caso. Este portal tiene a un grupo de personas dedicadas a defender los derechos de los indígenas, en su portal puedes encontrar más detalles. Aquí te presentamos la lista por países.

Perú

• Quinto Inuma Alvarado. Líder indígena asesinado, reconocido por su lucha en defensa del territorio frente a intereses económicos ilegales.
• Victorio Dariquebe Gerewa. Agricultor y guardaparque indígena. Asesinado mientras protegía su comunidad y su entorno natural.
• Herasmo García y Yenes Ríos. Jóvenes voluntarios dedicados a la defensa de sus bosques. Asesinados por enfrentarse a la tala ilegal y el narcotráfico en su territorio.
• Victorio Dariquebe Gerawairey. Se desempeñaba como guardaparque en un área natural.
• Mariano Isacama. Del pueblo indígena Kakataibo. Su muerte es responsabilidad de personas ligadas al narcotráfico.
• Jorge Ríos y líderes de Saweto. Fue uno de los cuatro líderes indígenas asesinados en 2014 por defender sus territorios
• Santiago Contoricón Antúnez: Líder indígena Asháninka y miembro del Comité de Autodefensa de Puerto Ocopa. Fue asesinado por grupos relacionados con el narcotráfico debido a su colaboración con las autoridades en la incautación de droga, lo cual lo convirtió en un objetivo para estas organizaciones criminales.
• Quinto Inuma Alvarado: Luchaba por la titulación comunal de las tierras de su comunidad, las cuales se encuentran amenazadas por la presencia del narcotráfico y la tala indiscriminada.
• Benjamín Flores Ríos: Asesinado en la región de Ucayali por presuntos cocaleros, individuos que realizaban actividades ilícitas en sus territorios.
• Herasmo García y Yenes Ríos: Jóvenes indígenas voluntarios de 28 y 27 años respectivamente, pertenecientes al comité de vigilancia y control forestal de sus comunidades. Ambos fueron asesinados mientras realizaban labores de defensa contra la tala ilegal y el narcotráfico.
• Victorio Dariquebe Gerewa: Agricultor y guardaparque indígena asesinado en una zona históricamente afectada por la minería ilegal en áreas naturales protegidas.

En los últimos diez años, al menos 33 defensores de sus territorios y bosques han sido asesinados en Perú.

Brasil

• Nawir Brito de Jesus y Samuel Cristiano de Amor Divino. Líderes indígenas Pataxó. La comunidad Pataxó ha enfrentado persistentes conflictos con los ganaderos locales que buscan despojarles de sus tierras.
• José Inácio Guajajara: Líder indígena del Maranhão, cerca de la Tierra Indígena Cana Brava, en la Aldeia Jurema. Su asesinato fue relacionado con su trabajo en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
• Valdemar Marciano Guajajara: Líder indígena que defendió las reservas en Maranhão, un estado brasileño donde las tierras indígenas han sido atacadas por compradores ilegales de tierras y madereros.
• Jone Canaré Guajajara: Miembro destacado del pueblo Guajajara en Maranhão, que luchó contra los ataques constantes de madereros y cazadores ilegales que buscan explotar los recursos en sus tierras.
• Ilson Xiriana y Venâncio Xirixana: Miembro de la comunidad Yanomami y trabajador de salud, Ilson Xiriana fue asesinado por armas que se cree fueron utilizadas por un grupo criminal vinculado al narcotráfico, conocido como el Primer Comando Capital (PCC). Este grupo ha sido atraído por el auge de la minería ilegal de oro, en la región. La comunidad Yanomami ha sufrido graves consecuencias de esta actividad, incluyendo contaminación de ríos con mercurio, destrucción de la selva, abuso y asesinatos de miembros de la comunidad, lo que ha generado una crisis humanitaria y de alimentación.

Colombia

• José Taicus Pascal (Awá): A los 16 años, José fue asesinado el 2 de enero de 2023 en Tumaco, Colombia, mientras estaba con su familia en el resguardo de Alto Albi. Tres hombres armados llegaron al lugar y abrieron fuego contra José, alcanzando también a su hermano, Javier Taicus Canticus, quien fue herido gravemente. Este crimen refleja la violencia en la región, exacerbada por los conflictos territoriales.
• Berna Nastascuas Pai: Miembro de la Guardia Indígena de la comunidad de Sabaleta Sábalo, en el distrito de Tumaco. Berna enfrentó el grave peligro de las minas antipersonales sembradas ilegalmente en los territorios Awá, lo que ha puesto en riesgo la seguridad de las comunidades indígenas. Además de las minas, los espacios tradicionales para cazar, pescar y realizar ceremonias están siendo restringidos por los actores armados.
• Marcos López Enríquez: Representante del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia en Nariño y defensor de los derechos de los pueblos indígenas. Marcos se comprometió en la protección de sus tierras frente a los continuos ataques de actores armados ilegales que buscan apoderarse de las tierras indígenas para actividades ilícitas.
• Marlon Hernando García Pascal: Miembro activo de la Guardia Indígena del resguardo El Gran Sábalo, en Nariño. Marlon y otros miembros de la comunidad enfrentan amenazas constantes por parte de actores armados ilegales que buscan el control de la región, especialmente debido a su trabajo en la defensa de los territorios indígenas.
• Wilson Bomba Piamba: Líder Nasa y concejal de Caldono, Cauca, asesinado por el conflicto armado en la región. El asesinato de Wilson refleja la violencia sistemática que sufren los líderes indígenas en medio de la lucha por la protección de sus territorios frente a los grupos armados.
• Albert Camilo Mendoza Corzo: Agricultor y fiscal del Consejo Local de Mayores de la Comunidad de Kankuamos, en Valledupar. Albert fue asesinado después de expresar su preocupación por los abusos contra los derechos humanos de los miembros de su comunidad, incluidas amenazas contra sus casas sagradas (Kankurwas) y panfletos amenazantes difundidos por grupos armados ilegales.
• Diego Jair Orbes: Miembro activo de la comunidad Nasa y fiscal de la Junta de Acción Comunal de la comunidad de Jerusalén. Diego fue víctima de las confrontaciones entre varios grupos armados ilegales que luchan por el control de la región.
• Marleny Güegüe: Partera y miembro de la comunidad indígena, fue asesinada en el municipio de Miranda. Pocas informaciones se han hecho públicas sobre este crimen, pero su asesinato subraya la violencia que enfrentan los líderes y miembros de las comunidades indígenas.
• José Isaías Quiguanás: Médico indígena Nasa, su muerte representó una gran pérdida cultural y espiritual para su comunidad, ya que con él se perdió un conocimiento ancestral crucial para la supervivencia y el bienestar del pueblo Nasa.
• Mary Cruz Petro: Enfermera, cuya muerte se enmarca dentro del creciente número de asesinatos de personas vinculadas a la protección de la salud y el bienestar de las comunidades indígenas en Colombia, víctimas de la violencia del conflicto armado.
• William Vargas: Guardabosques indígena Nasa, asesinado el 3 de mayo en el norte del Cauca, durante un enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Su muerte resalta la creciente violencia en el centro histórico del conflicto armado colombiano.
• Libia Quiguanás y Telésforo Ipia: Ambos fueron víctimas de ataques constantes contra el pueblo Nasa y su cultura, enfrentando amenazas persistentes de grupos armados en la región. Estos ataques continúan poniendo en peligro la integridad del pueblo Nasa.
• Marcelino Dagua Baicue y Rosalía Quiguanas Dagua: Rosalía, una sabia ancestral, y su esposo Marcelino, fueron asesinados por la crisis generada por grupos armados que imponen cultivos ilícitos y otras economías ilegales en la región, lo que ha aumentado la violencia contra las comunidades indígenas.
• Alexander Chocué Peña: Miembro de la Guardia Indígena ancestral del pueblo Nasa, conocido por su defensa activa de la tierra frente a los ataques de los grupos armados. Su trabajo lo convirtió en un objetivo para estos grupos, que continúan luchando por el control de las tierras de la región.
• José Hernán Tenorio Mestizo: Miembro de la Asociación Indígena Avelino UI y la Juventud Rebelde Cauca. Fue asesinado por grupos armados que buscan imponerse sobre las comunidades indígenas de la región.
• Albán Mestizo Yosando: Representante legal de la Asociación Indígena Avelino UI, fue asesinado por grupos armados que amenazaban y atacaban a las comunidades indígenas en la zona.
• Jhonis Orfelio García: Gobernador y miembro de la Guardia del resguardo El Palmar, en Ricaurte, Nariño. Fue asesinado por grupos armados y bandas criminales locales, que continúan atentando contra los líderes indígenas en la región.
• Hever Gamboa: Líder comunal Afrocolombiano y Guardia Mayor del Pueblo Nonam Dur en Buenaventura, quien fue asesinado por miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidos como el Clan del Golfo, involucrados en el tráfico de drogas.
• Alex Germán García Guanga: Integrante de la Guardia Indígena del Resguardo Palmar Imbi en Ricaurte, Nariño. Fue asesinado por integrantes del grupo armado Nueva Marquetalia, que lucha por el control territorial.
• Tiberio Chepe Zeti: Médico tradicional y líder Nasa, defensor de los derechos del pueblo Nasa en el territorio Kwe’sx Yu Kiwe. Tiberio luchó por proteger los recursos naturales y el bienestar de su comunidad frente a los grupos armados ilegales.
• Yesid Pechené Musicué: Miembro de la Guardia Indígena y trabajador en el Proyecto Nasa, un programa dedicado a la defensa de los territorios indígenas, que ha sido blanco de ataques de grupos armados ilegales.
• Fredy Alexánder Bomba Campo: Miembro del territorio Nasa Kiwe Thek Ksxa’w, en el municipio de Santander de Quilichao, cuyo trabajo de protección de la tierra fue interrumpido por la violencia de los grupos armados en la región.
• Benito Segundo Castillo Gutiérrez: Líder del pueblo Wayúu en Maicao, La Guajira, asesinado en el marco de las tensiones territoriales en la región, que involucran disputas por la tierra y el control de los recursos naturales.
• Eduardo Timanáder: Líder indígena del pueblo Nasa, quien anteriormente fue autoridad en el resguardo Kwet Wala en Pradera, Valle del Cauca. Eduardo trabajó para convocar a la unidad y defensa de su territorio frente a las amenazas de los grupos armados.
• Jose Arley Cruz Chocue: Líder y autoridad tradicional de la comunidad indígena de Granates, en el resguardio Kwe’sx Yu Kiwe, ubicada en Florida, Valle del Cauca. Fue asesinado por grupos armados que operan en la región.
• Milton Santacruz Aguilar: Involucrado en la ayuda humanitaria para migrantes en la zona de Darién, en la frontera con Panamá, Milton fue asesinado, reflejando la violencia que enfrenta cualquier intento de apoyo humanitario en áreas conflictivas.
• Cristóbal Nastacuas Nastacuas: Líder y miembro de la Guardia Indígena del cabildo Nulpe Medio, del Pueblo Awá. Cristóbal fue víctima de la violencia generada por los grupos armados que disputan el control de los territorios indígenas, particularmente en áreas donde se encuentran minas antipersonales.
• Juan David Chávez Yoino: Miembro de la Guardia Indígena del Resguardo Nasa Juan Tama, en el municipio de La Plata, Huila. Su comunidad enfrenta graves riesgos debido a la presencia de grupos armados ilegales en la región.
• Rogelio Chate Peña: Exgobernador del Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo y exconsejero de la Asociación de cabildos Ukawes’x Nasa Cxab. Fue asesinado por el grupo armado Dagoberto Ramos, vinculado a las disidencias de las FARC.
• Phanor Guazaquillo Peña: Líder indígena y gobernador del Cabildo Nasa Kwesx Kiwe Chorrolargo. Fue asesinado en el municipio de Puerto Asís, reflejando la violencia que enfrentan los defensores del pueblo Nasa.
• Marino Paví Julicue: Coordinador de la Guardia Indígena y estudiante de la licenciatura en pedagogía de artes y saberes ancestrales. Marino fue asesinado mientras denunciaba el asesinato de tres estudiantes de la universidad indígena y amenazas a docentes.
• John Freiman Ramos Ocaña, Yisel Menza, Jelen Charit Ramos Menza, Davinson Fernández Ramos y Jesús David Labio Ramos: Cinco miembros de la comunidad indígena, cuyas muertes están vinculadas a un bloque de disidencia de las FARC, que opera en la región.
• Eliecer Puyo Chocué: Miembro de la Guardia Indígena del Resguardo de La Laguna, asesinado en un contexto de violencia generada por la presencia de grupos armados en la zona.

Ecuador

• Eduardo Mendúa. Líder del pueblo A’i Kofan, era dirigente de relaciones internacionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y un reconocido defensor de los derechos de su comunidad frente a la explotación petrolera en su territorio.
• Alberto Quiñónez. Líder indígena de 46 años, y su sobrino Didson De la Cruz Quiñónez, un joven líder indígena de 12 años, fueron asesinados en la provincia de Esmeraldas, Ecuador, una zona afectada por la minería ilegal. Ambos pertenecían al pueblo Chachi y murieron en extrañas circunstancias.

Guatemala

• Nicolasa López Méndez y Victoria Méndez Agustín. Ambas eran defensoras de la naturaleza del pueblo Xinca e integrantes del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), además de participar en el partido político Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). Su activismo se centraba en la lucha por la nacionalización de la energía eléctrica, y su comunidad de El Camarón llevaba 18 meses protestando contra los precios abusivos de la electricidad.
• Noé Gómez Barrera. Líder Xinca comprometido con la organización de su comunidad, fue asesinado por su labor en defensa del territorio y el medio ambiente.

Honduras

• Ricardo Arnaúl Montero. Fue un líder garífuna de la comunidad del Triunfo de la Cruz, en Tela, Honduras. Era miembro del Comité de Defensa de la Tierra y de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Se destacó como un ferviente defensor del sector del Río Gama, un territorio comunal recuperado ante el acaparamiento de tierras para el desarrollo de proyectos turísticos.
• Amílcar Vieda y Naún Ismael Chacón. Fueron asesinados por su lucha en defensa de las tierras y territorios indígenas. Amílcar enfrentaba una situación de alto riesgo debido a su activismo contra actores empresariales y era miembro del Consejo Preventivo de San Francisco Lacomapa, además de formar parte del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
• Martín Morales Martínez. Fue un líder de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz y defensor de los derechos humanos. Integraba el Comité de Defensa de la Tierra (CODETT) y la Comisión para la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exigiendo la demarcación de las tierras tituladas en favor de su comunidad.
• Juana María Martínez. Fue una mujer activa en su comunidad, trabajaba con mujeres y participaba activamente en las asambleas indígenas del pueblo Pech, promoviendo la organización comunitaria y la defensa de sus derechos.

México

• Remigio de la Cruz López. Pertenecía a la comunidad Amuzga y fue integrante de la Coordinadora Nacional de la Nación Amuzga, conformada por cinco municipios. Su lucha se centraba en la recuperación de tierras de su comunidad indígena.
• Isaul Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano. Fueron asesinados en un ataque perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el que participaron alrededor de 20 personas armadas pertenecientes a este grupo del narcotráfico.
• Alfredo Cisneros. Fue el jefe de bienes comunales del poblado purépecha de Zicuicho, Michoacán. Su asesinato se enmarca en una serie de aproximadamente 60 asesinatos y desapariciones de activistas sociales, defensores de los bosques y autoridades indígenas en la región durante las últimas dos décadas, según el Consejo Supremo Indígena de Michoacán.
• Eustacio Alcalá. Fue un activista nahua en defensa del medio ambiente en la comunidad de San Juan Huitzontla, Michoacán. Se enfrentó a organizaciones macrocriminales que operaban en colusión con los gobiernos locales y estatales. Desde 2012, defendió el territorio de su comunidad contra el saqueo ilegal de mineral de hierro e impulsó un juicio de amparo contra concesiones mineras otorgadas en su territorio.
• Félix Vicente Cruz. Estudió artes escénicas y trabajó como actor en la Ciudad de México antes de regresar a su comunidad, donde se hizo conocido por su labor en favor del medio ambiente y el territorio. Se involucró en política y fue electo como policía comunitario, centrando su activismo en la defensa de la vida y el territorio. Se cree que su asesinato estuvo vinculado a su oposición a la instalación de megaproyectos en San Francisco Ixhuatán, en el contexto de la imposición del Corredor Interoceánico.
• Gertrudis Cruz de Jesús y Cliserina Cruz Merino. Fueron activistas indígenas del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT). Sus comunidades han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas en el pasado.
• Noel López Gallegos. Fue un activista zapoteco en defensa del territorio de Santa María Mixtequilla, Oaxaca. Formó parte de la Resistencia Civil Pacífica de su comunidad y se opuso a la venta de tierras para el proyecto industrial Polo de Desarrollo para el Bienestar, parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Cuestionó el pago de 130 millones de pesos a la comunidad agraria y exigió que los recursos fueran distribuidos equitativamente entre los habitantes.
• Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos. Fue miembro de la Guardia Comunal de Santa María Ostula. Su comunidad exigió una investigación rigurosa de su asesinato y pidió a la Fiscalía General del Estado que responsabilizara a los autores y desarticulara al CJNG.
• Higinio Trinidad de la Cruz. Fue un defensor de las tierras del pueblo nahua, luchando contra la tala de árboles y la minería. Su comunidad ya había recibido amenazas por organizarse en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En 2021, México fue el país con más asesinatos de personas defensoras ambientales, registrando 54 casos. La mayoría de estos ataques estuvieron relacionados con conflictos territoriales o mineros, reflejando la creciente violencia contra quienes protegen la tierra y los recursos naturales.

Nicaragua

• Jesmin Jacobo Lázaro, Lenín Vilchez Patrón Flores, Alberto Castillo Palacio, Jorge Enor Palacio Samuel y Morgan Díaz Palacio. Fueron cinco defensores del pueblo Mayangna que fueron asesinados a disparos por un grupo de al menos 60 colonos que invadían sus tierras. El ataque ocurrió en la madrugada en la comunidad de Wilú, una de las 24 comunidades que conforman el territorio Mayangna de Sauni Bas, ubicado en el corazón de la Reserva de la Biosfera Bosawás.
• Bernabé Palacios Hernández. Miembro y líder espiritual de la comunidad de Alal, en el territorio Mayangna de Sauni As, en la Costa Caribe Norte de Nicaragua, también fue asesinado por un grupo de colonos en un contexto de violencia contra las comunidades indígenas que defienden su territorio.

Paraguay

• Arnaldo Benítez Vargas. Uno de los líderes espirituales (tekoaruvicha) de Yvy Pyte, sufrió un ataque por parte de personas vinculadas al conflicto de invasión de sus territorios ancestrales y al avance del genocidio sistemático contra el pueblo Paĩ Tavyterã en Paraguay. Desde 2021, Arnaldo y su comunidad buscaban una resolución para proteger sus tierras de amenazas, el despojo territorial, el desplazamiento forzado y la destrucción de su sustento de vida.

¿Qué sucede en Bolivia, cuál es la situación de los líderes indígenas?

Defender la tierra en Bolivia significa enfrentar persecución, hostigamiento, incluso la muerte

A través de Mongabay el portal web de comunicación independiente de noticias, análisis e información sobre medio ambiente y conservación, el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) realizó un mapeo de las agresiones sufridas por defensoras y defensores bolivianos entre enero de 2017 y abril de 2022. En este periodo, se registraron 191 ataques contra 38 personas, lo que evidencia que varias víctimas fueron agredidas en múltiples ocasiones. Para proteger su seguridad, el Cedib decidió no revelar sus identidades. Todas las agresiones fueron categorizadas en ocho tipos, como judicialización, hostigamiento, restricciones a la libertad de expresión y atentados a la integridad física, y un dato alarmante es que todos los casos quedaron en la impunidad.

Del total de defensores agredidos, 24 son líderes de organizaciones que protegen la naturaleza en Bolivia. Entre ellos, cuatro fueron atacados por oponerse a proyectos mineros, nueve por resistirse a proyectos hidrocarburíferos y cinco por enfrentarse a obras de infraestructura. Otros diez no se oponían activamente a ninguna iniciativa extractiva en el momento de la agresión, pero si hubo reclamos a estas actividades, mientras que tres defendían los derechos humanos, además del medio ambiente.

El informe del Cedib destaca que el 45 % de las agresiones fueron perpetradas por personas vinculadas al Estado, mientras que un 29 % provino de civiles que apoyan al gobierno y sus políticas extractivas. También se identificó que el 16 % de los ataques fueron cometidos por empresas, principalmente públicas y cooperativas, mientras que un 6 % correspondió a fuerzas de seguridad como la Policía y las Fuerzas Armadas. Finalmente, el 4 % de los agresores se distribuyó entre autoridades judiciales, municipios, gobiernos departamentales y civiles contrarios a quienes se oponen a proyectos extractivos.

Los casos de persecución y amenazas de muerte

Tierra Comunitaria de Origen Leco.

El año 2020 la comunidad Leco denunció que en Santa Rosa, la minería avasallo territorios, injustamente su escuela es parte de la cuadrícula minera de COFADENA. Las denuncias están en el Informe de la Defensoría del Pueblo.

En febrero de 2025, Francisco Marupa un indígena Leco de 67 años, fue hallado sin vida cerca de un río, se denuncia que fue muerto por defender a su comunidad.

El avasallamiento del territorio Leco sin dudas es un problema latente, en el que día a día los pobladores deben lidiar con los abusos de los mineros. Por otra parte las razones de la muerte de Francisco Marupa, no han sido esclarecidas.

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Dirigentes del Ayllu Acre Antequera Poopó en Oruro. Son amenazados por reclamar la contaminación minera. En las últimas décadas, la intensificación de la actividad minera está contaminando y secando las fuentes de agua de 8 comunidades.

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Comunidad Jok’o Pampa en Carabuco, La Paz. Reciben amenazas por el reclamo de la existencia de un canal precario que conduce las aguas que se producen en la mina y que van directamente hacia el rio Ichalaya.

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Comunidad Seke Jahuria en Viacha, La Paz. Sufren persecución y amenazas de muerte por mineros ya que se evidencio que la minería contamino con cianuro el pozo Sart que provee de agua a varias comunidades.

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En Coripata y Yanacachi, La Paz. Tres comunidades de los municipios de Coripata y Yanacachi del departamento de La Paz presentaron denuncia ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por minería aurífera ilegal de la Empresa Minera Marjcaliz SRL, que realiza actividades mineras sin autorización.

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Ese Ejjas, Tsimanes, Mosetenes, Leco, Uchupiamona y Tacana. 36 comunidades de seis pueblos indígenas: Ese Ejjas, Tsimanes, Mosetenes, Leco, Uchupiamona y Tacana. Niveles tiene mercurio en la sangre que superan los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Los ríos Madre de Dios y Beni están contaminados con mercurio producto de la minería.

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Las balas y el despojo no solo matan a los indígenas, sino también a los bosques, los ríos y el futuro de todos

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También te ofrecemos podcast que puedes escuchar, son historias reales de mujeres indígenas que defienden su territorio y el medio ambiente, es un artículo de Pachakamani Audio, este es el enlace:

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