No hay justicia para mi
M. Sc. Gloria Villarroel Salgueiro
Los costos legales en un proceso judicial por feminicidio son de 5000 a 25000 dólares, así lo declara el estudio denominado “No hay justicia para mí. Feminicidio e Impunidad en Bolivia” estudio patrocinado por Clínica Internacional de Derechos Humanos.
Conocer los procedimientos para obtener la sentencia y los detalles que implica, ayuda a anticiparse y vigilar que los procedimientos se realicen según las normas.
¿En qué se destina el gasto?
Existen gastos que se destinan a los honorarios de abogados, cuotas judiciales, materiales para la investigación, así como gastos indirectos como transporte, perdida de horas de trabajo, costos de guardería, entre otros.
Se ha vuelto normal e incluso para adquirir las herramientas necesarias para la investigación tales como hisopos, bolsas de plástico forense para el IDIF para la autopsia, impresión de fotos para el expediente y el transporte de los investigadores para las notificaciones.
Para las mujeres indígenas y aquellas de bajos ingresos, resulta imposible contar con el dinero necesario para cubrir estos costos legales.
Aunque el proceso debería durar tres años, en la práctica, suele extenderse por más tiempo, en gran parte debido a la retardación de la justicia.
¿Por qué se estancan los casos?
«Los retrasos en los procesos judiciales por feminicidio suelen ser causados por malos manejos, el desconocimiento del proceso, la apatía de los funcionarios y es recurrente la chicana judicial, que se refiere a la dilación del proceso por acción de los abogados defensores. Estos abogados presentan solicitudes sin razón sustentable y exigen documentos que no respaldan el proceso. La obtención de cada documento a veces lleva más de una semana, lo que a su vez retrasa la declaración del acusado y posterga las audiencias. Como resultado, los abogados prolongan la duración del proceso, aumentando los gastos y causando decepción entre las víctimas.
Otro elemento que utilizan los abogados defensores de los acusados es sobornar a jueces fiscales y otros abogados para obtener un fallo favorable para el acusado. Después de cinco años, suelen solicitar el cierre del caso.
Es recurrente culpar a la víctima de infidelidad, caminar en la calle a altas horas de la noche, participar en una fiesta, seguir con la pareja agresiva.
Los informes de autopsias psicológicas en casos de feminicidio a menudo no consideran el papel del agresor como causante del daño. Por el contrario, tienden a minimizar o ignorar dicho papel, calificando la muerte de la víctima como suicidio o atribuyéndola a un trastorno mental.
El personal encargado de las investigaciones también contribuye a la retardación de la justicia debido a demoras en la recolección de evidencia y en la toma de declaraciones.
¿Cuáles son las consecuencias?
El número de juicios orales y sentencias condenatorias es extremadamente bajo.
Las mujeres y las niñas son los grupos más afectados, ya que se encuentran en situaciones de pobreza y vulnerabilidad. Según la CEPAL, el índice de pobreza ha aumentado y se concentra principalmente en la población femenina.
Entre los años 2012 y 2017, más del 30% de la población en Bolivia ha sido víctima de corrupción.
Según datos del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y el Instituto Nacional de Estadística 7 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en algún momento de sus vidas, y de cada 10 personas que denuncian violencia, 9 son mujeres.
En las observaciones que he realizado, una persona puede haber sufrido violencia en múltiples ocasiones a lo largo de su vida en diversas circunstancias. La multiplicación de estas cifras nos llevaría a una cantidad muchísimo mayor de personas que han experimentado violencia.
Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicado en 2018, Bolivia ostenta el triste récord de ser el país con la prevalencia más alta de feminicidios en América del Sur.
Un reportaje periodístico titulado «Feminicidios: Víctimas Condenadas al Olvido» señala la retardación de justicia y el tráfico de influencias como características de la corrupción sistémica presente en el país. Este reportaje revela que, tras analizar las actuaciones procesales en 969 casos de feminicidio presentados ante la Fiscalía General del Estado desde 2013 hasta agosto de 2021, se cerraron 263, casos por sobreseimiento, rechazos y absoluciones, quedando impunes. Además, se menciona que existen muchos casos más no registrados en los que la justicia no logró identificar a los autores o, si los detuvo, los liberó debido a la falta de cuidado en la recolección de pruebas o, en algunos casos, la falta de búsqueda de las mismas.
Cada etapa procesal puede durar años, lo que lleva a que las familias de las víctimas de feminicidio terminen por desistir. En la primera instancia, las denuncias que llegan a sentencia rara vez duran más de 3 años, mientras que existen procesos que se extienden por más de 10 años. La etapa preliminar, que debería durar 8 días, en la realidad se alarga hasta 90. La etapa preparatoria, que se supone que debe durar 6 meses, a menudo supera los 12. Aunque la normativa permite una ampliación de hasta 18 meses, en el 36% de los casos, la fiscalía no llevó a cabo los actos investigativos necesarios.
Solo en 2020 se presentaron denuncias contra 2,246 funcionarios judiciales por faltas disciplinarias, como corrupción, de los cuales solo el 11.35% (255) concluyeron con sanciones, incluyendo destituciones o suspensiones.
El caso del asesino serial en la ciudad de El Alto en el año 2022, llevo al cuestionamiento de la justicia que libera a feminicidas. Esto llevó a la realización de auditorías en los juzgados encargados de casos de violencia hacia la mujer, y resultó en la creación de la “Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio”. Como resultado 18 jueces fueron investigados, 10 de ellos fueron destituidos, mientras que el resto enfrenta procesos disciplinarios, ocho fiscales fueron destituidos y 21 personas, entre feminicidas y violadores, fueron recapturados.
Los estudios del desempeño de la justicia nos permiten conocer en qué puntos del proceso existen fallas, deberían llegar a las instancias de decisión para su restructuración, es urgente y prioritario.
Trataban de cansarme… es una afirmación de una víctima del sistema de justicia. Obtener justicia depende del poder económico, de una de las partes, ya sea el acusado o la víctima. Finalmente, en muchos casos termina en el agotamiento de la víctima quien abandona el caso.
El desempeño de la justicia de esta manera crea impunidad, reproduce la violencia a las mujeres. Provoca en las víctimas inseguridad y persistente desconfianza en el procedimiento judicial.
Se reafirma la frase… no hay justicia para mí.
Referencias
“No Hay Justicia Para Mí” Feminicidio e Impunidad en Bolivia. Clínica Internacional de Derechos Humanos. Harvard Law School 2022
https://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2022/10/No-Hay-Justicia-Para-Mi-1.pdf
Géneros y Corrupción en Bolivia Fundación Construir. 2022
Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las américas. Relatoría sobre los Derechos de la Mujer. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
https://www.cidh.oas.org/women/acceso07/indiceacceso.htm