{"id":623,"date":"2024-05-15T05:10:00","date_gmt":"2024-05-15T09:10:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pachakamani.com\/atravesdelaventana\/?p=623"},"modified":"2026-01-26T02:28:56","modified_gmt":"2026-01-26T06:28:56","slug":"por-que-no-funciona-la-justicia-15","status":"publish","type":"articulo","link":"https:\/\/pachakamani.com\/atravesdelaventana\/articulo\/por-que-no-funciona-la-justicia-15\/","title":{"rendered":"\u00bfPor qu\u00e9 no funciona la justicia?"},"content":{"rendered":"\n
\"\u00bfpor<\/span>
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\u00bfPor qu\u00e9 no funciona la justicia?
<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

M. Sc. Gloria Villarroel Salgueiro<\/p>\n\n\n\t\t\t\t

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\n\t\t\t\t\t\t\tTabla de contenidos\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
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  1. Iniciemos con el Ministerio de Justicia<\/a>
  2. Pasemos al Ministerio de Salud<\/a>
  3. Vamos al Ministerio de trabajo, empleo y previsi\u00f3n social.<\/a>
  4. Qu\u00e9 pasa en el Ministerio de Educaci\u00f3n y las Universidades<\/a>
  5. Por qu\u00e9 el Ministerio P\u00fablico es el segundo m\u00e1s denunciado por incumplimiento de protecci\u00f3n a la mujer en situaci\u00f3n de violencia<\/a>
  6. Ahora veamos a los terceros m\u00e1s denunciados la Polic\u00eda Boliviana y FELCV<\/a>
  7. Los Gobiernos Aut\u00f3nomos Departamentales y Gobiernos Aut\u00f3nomos Municipales y al primero en la lista de denunciados los Slims<\/a>
  8. Referencias<\/a><\/ol>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\n\n
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    Y nos preguntamos por qu\u00e9 no funciona la justicia\u2026
    \u00bfSe cumplen las medidas de protecci\u00f3n y atenci\u00f3n a mujeres en situaci\u00f3n de violencia?<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

    En este art\u00edculo, analizamos si las instituciones de salud, la polic\u00eda, los ministerios de educaci\u00f3n y de trabajo cumplen con sus responsabilidades. Es una mirada a las instituciones con el prop\u00f3sito de promover cambios, crear conciencia y saber qu\u00e9 problemas se presentan y de alguna manera tratar de evitarlo.<\/p>\n\n\n\n

    La Ley 348 establece una serie de deberes que las diversas instituciones deben llevar a cabo para proteger a las mujeres. Tambi\u00e9n existen manuales procedimentales. Evaluaremos si estas instancias protegen a las v\u00edctimas en hechos de violencia que suceden en sus instituciones.<\/p>\n\n\n\n

    La Defensor\u00eda del Pueblo ha publicado un informe sobre este tema que nos ayudar\u00e1 a comprender la situaci\u00f3n. Como introducci\u00f3n, el informe se\u00f1ala que la instituci\u00f3n m\u00e1s denunciada por no cumplir con su deber de protecci\u00f3n son los SLIMS, que a menudo no son lo suficientemente efectivos y, en ocasiones, incluso pueden favorecer al agresor al quitar la custodia de los menores a las madres, poni\u00e9ndolos en peligro. La segunda instituci\u00f3n con denuncias es la fiscal\u00eda, y en tercer lugar se encuentra la Polic\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

    Iniciemos con el Ministerio de Justicia<\/h2>\n\n\n\n

    Posee una buena evaluaci\u00f3n, los Servicios Integrados de Justicia Plurinacional \u2013 SIJPLU y el Servicio Plurinacional de Asistencia a la V\u00edctima \u2013 SEPDAVI deben mejorar su servicio de asesoramiento y brindar un mejor acompa\u00f1amiento a las v\u00edctimas. El servicio de apoyo psicol\u00f3gico y social que ofrecen es fundamental. Sin embargo, es importante destacar que el SIPPASE (Sistema Integral Plurinacional de Prevenci\u00f3n, Atenci\u00f3n, Sanci\u00f3n y Erradicaci\u00f3n de la Violencia contra las Mujeres) no cuenta con fondos gubernamentales para su funcionamiento y depende de la cooperaci\u00f3n internacional.<\/p>\n\n\n\n

    Pasemos al Ministerio de Salud<\/h2>\n\n\n\n

    La extensi\u00f3n del certificado de evaluaci\u00f3n f\u00edsica o sexual en casos de violencia debe ser gratuita y otorgada de oficio en papel corriente de manera obligatoria. No se brinda de forma inmediata, ya que depende de la solicitud del fiscal, y el IDIIF no colabora en su homologaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

    En los centros de salud, se observa la existencia de violencia obst\u00e9trica, caracterizada por la realizaci\u00f3n de pr\u00e1cticas invasivas sin el consentimiento de la mujer gestante, trato deshumanizado y discriminatorio, muchas veces falta de asesoramiento, omisi\u00f3n de informaci\u00f3n sobre la evoluci\u00f3n del parto y el estado de la gestante. Estad\u00edsticas relevantes muestran la magnitud del problema:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    • 63,5% de mujeres madres declararon que sufrieron violencia obst\u00e9trica<\/li>\n\n\n\n
    • El 68 de cada 100 mujeres afirmaron que durante el proceso del parto no se les permiti\u00f3 tener a alguien de confianza a su lado.<\/li>\n\n\n\n
    • El 55 de cada 100 mujeres dijeron que sus dudas no fueron aclaradas debido a la falta de respuestas.<\/li>\n\n\n\n
    • El 50,4% indicaron que el maltrato recibido las limit\u00f3 a expresar sus miedos.<\/li>\n\n\n\n
    • El 45,7% declar\u00f3 que recibieron cr\u00edticas por llorar o gritar, ya sea de dolor o alegr\u00eda, durante el trabajo de parto.<\/li>\n\n\n\n
    • El 39,6% de las mujeres manifestaron que el personal de salud las criticaba con comentarios ir\u00f3nicos o en tono de chiste por su comportamiento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      Por otro lado, el informe no aborda los problemas de presupuesto en el sector de la salud, que son muy limitados. Adem\u00e1s, no se menciona la falta de suministro de insumos m\u00e9dicos y medicinas. En general, los pacientes experimentan largos tiempos de espera para recibir atenci\u00f3n m\u00e9dica debido a la escasez de m\u00e9dicos con \u00edtems institucionales, lo que a su vez genera una sobrecarga laboral. Las entidades responsables del funcionamiento de los centros de salud incluyen a las gobernaciones, los municipios y el gobierno central.<\/p>\n\n\n\n

      Vamos al Ministerio de trabajo, empleo y previsi\u00f3n social.<\/h2>\n\n\n\n

      Las responsabilidades incluyen proporcionar protecci\u00f3n, llevar a cabo investigaciones, procesar y aplicar sanciones. Tambi\u00e9n se debe garantizar la flexibilidad y tolerancia en los lugares de trabajo para las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia, con el fin de preservar sus derechos laborales a trav\u00e9s de la presentaci\u00f3n de una medida de protecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

      El Ministerio de Trabajo no dispone de un procedimiento espec\u00edfico para la denuncia de acoso sexual o acoso laboral. En su lugar, recibe la denuncia y convoca a una audiencia con las partes involucradas. Cuando se comprueba la existencia de acoso laboral, emite una conminatoria de cumplimiento, recomendando el cese del acoso laboral. Sin embargo, no cuenta con medidas efectivas para asegurar la permanencia de las v\u00edctimas en sus empleos.<\/p>\n\n\n\n

      No obstante, se ha emitido la Resoluci\u00f3n Biministerial No. 002\/2015 para hacer un seguimiento del proceso, la cual se enfoca en flexibilizar el horario de trabajo tanto para hombres como para mujeres que se encuentren involucrados en un proceso judicial por violencia.<\/p>\n\n\n\n

      Qu\u00e9 pasa en el Ministerio de Educaci\u00f3n y las Universidades<\/h2>\n\n\n\n

      El Ministerio de Educaci\u00f3n tiene la obligaci\u00f3n de tomar medidas para proteger a los estudiantes que se encuentren en situaciones de violencia. Debe establecer centros de atenci\u00f3n psicol\u00f3gica en las unidades educativas en colaboraci\u00f3n con universidades p\u00fablicas o privadas.<\/p>\n\n\n\n

      Adem\u00e1s, debe garantizar el traspaso inmediato de los estudiantes a otras unidades educativas en caso de cambio de domicilio. Es fundamental que el Ministerio elabore reglamentos y protocolos para el tratamiento de denuncias relacionadas con todas las formas de violencia escolar y acoso sexual, as\u00ed como para implementar mecanismos de protecci\u00f3n y atenci\u00f3n especializada a ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes v\u00edctimas de violencia.<\/p>\n\n\n\n

      Lamentablemente, el Ministerio de Educaci\u00f3n no ha establecido los centros de atenci\u00f3n psicol\u00f3gica en las unidades educativas, a pesar de que su existencia ser\u00eda fundamental para brindar apoyo psicol\u00f3gico a aquellos estudiantes que enfrentan violencia en sus hogares o en la propia instituci\u00f3n educativa, donde el acoso escolar es un problema recurrente.<\/p>\n\n\n\n

      En lo que respecta a las universidades, la Ley N\u00b0 348 establece la creaci\u00f3n de programas y servicios gratuitos destinados a prevenir la violencia hacia las mujeres, proporcionar atenci\u00f3n y rehabilitaci\u00f3n, y ofrecer asesoramiento profesional especializado e integral. La mayor\u00eda de las universidades en el territorio nacional cuenta con consultorios jur\u00eddicos populares dependientes de las Facultades de Derecho.<\/p>\n\n\n\n

      La Universidad T\u00e9cnica de Oruro, la Universidad Aut\u00f3noma ‘Tom\u00e1s Fr\u00edas’, la Universidad Mayor de San Andr\u00e9s, la Universidad Aut\u00f3noma Juan Misael Saracho, la Universidad Cat\u00f3lica Boliviana, y otras, disponen de consultorios jur\u00eddicos o consultorios jur\u00eddicos m\u00f3viles que ofrecen asesoramiento jur\u00eddico y capacitaci\u00f3n en \u00e1reas rurales. Adem\u00e1s, la Universidad Mayor de San Sim\u00f3n cuenta con un Gabinete de Servicios Psicol\u00f3gicos de la carrera de psicolog\u00eda y ofrece atenci\u00f3n a mujeres. Sin embargo, de las 15 universidades en Bolivia, 7 no han reportado informaci\u00f3n y, por lo tanto, no cumplen con la ley en este aspecto<\/p>\n\n\n\n

      Por qu\u00e9 el Ministerio P\u00fablico es el segundo m\u00e1s denunciado por incumplimiento de protecci\u00f3n a la mujer en situaci\u00f3n de violencia<\/h2>\n\n\n\n

      La Ley N\u00b0 348 establece la creaci\u00f3n de Fiscales Especializados encargados de investigar casos de violencia hacia las mujeres. Estos fiscales deber\u00edan contar con un equipo de asesores y asesoras profesionales especializados y tener la responsabilidad de atender casos de violencia contra las mujeres. En la pr\u00e1ctica adem\u00e1s de atender temas de violencia a la mujer, se ocupan de delitos relacionados con crimen organizado, terrorismo, corrupci\u00f3n, narcotr\u00e1fico, delitos contra ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes, trata y tr\u00e1fico de personas.<\/p>\n\n\n\n

      El personal del Ministerio P\u00fablico debe recibir denuncias de manera directa, ya sea de forma oral o escrita. En algunos distritos municipales, como La Paz, Oruro, Pando, Trinidad, Santa Cruz, Sucre, Monteagudo, y Tarija, se reciben denuncias de ambas formas. En otros, como Beni, Robor\u00e9 y Chiquitos, solo se aceptan denuncias escritas, mientras que en Potos\u00ed, Cochabamba y El Alto, la recepci\u00f3n de denuncias depende del requerimiento Fiscal.<\/p>\n\n\n\n

      En lo que respecta a los certificados m\u00e9dicos forenses, la ley establece que deben ser emitidos de forma gratuita por el IDIIF. De las oficinas existentes en 10 distritos municipales, 9 informan que respetan la gratuidad. Sin embargo, en las oficinas de Cochabamba y El Alto, no se ha proporcionado informaci\u00f3n al respecto.<\/p>\n\n\n\n

      Despu\u00e9s de entregar el certificado forense, se debe brindar informaci\u00f3n a la v\u00edctima. Seis Institutos del IDIIF (La Paz, Cochabamba, Oruro, Beni, Tarija y Sucre) informan que proporcionan esta informaci\u00f3n. Por otro lado, los IDIF de Potos\u00ed, Pando, Yacuiba y El Alto reportan que no brindan informaci\u00f3n adicional para continuar con el proceso de denuncia.<\/p>\n\n\n\n

      Ahora veamos a los terceros m\u00e1s denunciados la Polic\u00eda Boliviana y FELCV<\/h2>\n\n\n\n

      La FELCV (Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia) est\u00e1 ausente en el 78,9 % de los municipios del pa\u00eds, lo que significa que no existe atenci\u00f3n especializada para las v\u00edctimas de violencia en esas \u00e1reas. Conocemos que la asignaci\u00f3n de presupuesto para establecer entidades policiales de protecci\u00f3n a la mujer recae en las gobernaciones y municipios.<\/p>\n\n\n\n

      Es importante destacar que el constante cambio de personal asignado a casos de violencia contra la mujer conduce a la retardaci\u00f3n de la justicia y a la revictimizaci\u00f3n, ya que las v\u00edctimas deben relatar nuevamente los hechos de violencia. La Ley N\u00b0 348 garantiza la permanencia del personal policial para investigaciones durante un per\u00edodo de tres a\u00f1os, una resoluci\u00f3n que se implement\u00f3 desde junio de 2018 con un instructivo para su cumplimiento. Sin embargo, el cambio de personal contin\u00faa ocurriendo.<\/p>\n\n\n\n

      El personal encargado de atender denuncias e investigaciones no siempre posee la especializaci\u00f3n necesaria en el \u00e1rea. La Ley 348 establece que deber\u00edan recibir formaci\u00f3n a trav\u00e9s de cursos de inducci\u00f3n que aborden las actuaciones, funciones y organizaci\u00f3n en casos de Violencia contra las Mujeres y la Familia.<\/p>\n\n\n\n

      Para realizar denuncias, se dispone de una l\u00ednea gratuita a nivel nacional. A nivel departamental, se utilizan n\u00fameros de denuncia espec\u00edficos, aunque solo Santa Cruz, Cochabamba y Sucre cuentan con sus propios n\u00fameros de denuncia.<\/p>\n\n\n\n

      En el procedimiento de protecci\u00f3n de la v\u00edctima, se debe evaluar su situaci\u00f3n completando un formulario de Valoraci\u00f3n del Riesgo. Esto permite alejar al agresor, arrestarlo y brindar protecci\u00f3n a la mujer y sus dependientes. El 92% de las oficinas policiales informaron que aplican este formulario, excepto en Caranavi de La Paz y Potos\u00ed, donde no se utiliza.<\/p>\n\n\n\n

      La mayor\u00eda de los municipios siguen los procedimientos establecidos, como el Protocolo de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia \u00abGenoveva R\u00edos\u00bb para la Atenci\u00f3n de Casos y el Protocolo y Ruta Cr\u00edtica Interinstitucionales para la Atenci\u00f3n y Protecci\u00f3n de las V\u00edctimas. Sin embargo, en Riberalta, Beni; Uriondo, Tarija; y Unc\u00eda, Potos\u00ed, estos protocolos no se utilizan.<\/p>\n\n\n\n

      Los Gobiernos Aut\u00f3nomos Departamentales y Gobiernos Aut\u00f3nomos Municipales y al primero en la lista de denunciados los Slims<\/h2>\n\n\n\n

      La asignaci\u00f3n presupuestaria por los gobiernos departamentales y los municipios para atenci\u00f3n a mujeres v\u00edctimas de violencia es insuficiente considerando los altos \u00edndices de violencia y feminicidios. No se invierte o se invierte muy poco en la creaci\u00f3n de centros de denuncia policial, equipamiento y personal, creaci\u00f3n de casas de acogida y apoyo a los Slims.<\/p>\n\n\n\n

      Cuando una mujer realiza una denuncia en los SLIMS, el personal debe registrar los hechos de violencia informados por la v\u00edctima en un formulario correspondiente y remitirlo de inmediato al Ministerio P\u00fablico, acompa\u00f1ando a la v\u00edctima. Este procedimiento se conoce como Registro \u00danico de Violencia. De los 99 SLIMS entrevistados por la Defensor\u00eda del Pueblo, 48 informaron que utilizan el formulario, mientras que 51 no lo hacen.<\/p>\n\n\n\n

      La importancia de este formulario radica en que su no aplicaci\u00f3n limita la posibilidad de tener un registro real de denuncias, lo que a su vez restringe el desarrollo de programas y estrategias para reducir las cifras de violencia.<\/p>\n\n\n\n

      Respecto al uso del Formulario de Valoraci\u00f3n del Riesgo para la aplicaci\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n, de los 99 SLIMS, solo 19 emplean el formulario, mientras que 80 no lo hacen. Por lo tanto, a trav\u00e9s de los SLIMS, no se brinda protecci\u00f3n a las v\u00edctimas de violencia. Tal como indica el informe, la no aplicaci\u00f3n de estas medidas, como herramientas de prevenci\u00f3n y alerta, conduce a la persistencia de episodios de violencia y, en los peores casos, al feminicidio.<\/p>\n\n\n\n

      Por otro lado cuando una mujer solicita ingresar a las casas de acogida, su ingreso es un cuello de botella por las exigencias burocr\u00e1ticas del Ministerio P\u00fablico. Existen casas de acogida en funcionamiento muchas en condiciones precarias, existen en \u00e1reas urbanas no en \u00e1reas rurales. Las casas de acogida con importantes para la protecci\u00f3n de mujeres que no tienen una red familiar que las protejan a ellas y a sus hijos e hijas.<\/p>\n\n\n\n

      Esta evaluaci\u00f3n nos permite comprender por qu\u00e9 se produce la retardaci\u00f3n de justicia y por qu\u00e9 el acceso a la justicia es tan dif\u00edcil. A esta evaluaci\u00f3n se a\u00f1ade el problema de la corrupci\u00f3n presente en todo el proceso judicial, desde los polic\u00edas y abogados hasta los jueces. El sistema judicial est\u00e1 contaminado de corrupci\u00f3n. Las v\u00edctimas de violencia deben atravesar este sistema en busca de justicia, pero pocas logran alcanzarla; muchas se quedan en el camino y la impunidad es inevitable.<\/p>\n\n\n\n

      Y nos preguntamos por qu\u00e9 no funciona la justicia\u2026<\/p>\n\n\n\n

      El cambio de esta estructura est\u00e1 en manos de las autoridades de gobierno, gobernaciones y municipios. Pasa por la empat\u00eda de los funcionarios y la conciencia de cumplir con las normas.<\/p>\n\n\n\n

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